El futuro de La Florida

Hace 46 años comenzó una mala relación entre unos privados y la administración distrital. El entonces Alcalde Mayor de Bogotá decidió entregarle a Club 20 amigos, que hoy se conoce como “Club Popular de Golf La Florida” un ‘potrero’ -como reza la resolución del momento- al occidente de Bogotá para que construyera una cancha de golf con el objetivo de masificar la práctica de este deporte en la ciudad.

Se trataba de un acuerdo en el que la entrega del terreno se hizo a título gratuito con el compromiso de que los beneficiarios deberían devolverlo al Distrito en un tiempo determinado con las mejoras hechas. Hasta ahí todo parecía bien; unos amigos del Alcalde reciben un terreno en el que construirán una cancha, la explotarán por un tiempo y luego la devuelven; la administración recibe, ya no un potrero sino un campo que ha cumplido una labor social: que lo pobres pudieran jugar al golf.

Tras cumplir 22 años del acuerdo, en 1994 entra en vigencia una norma que prohibe que los particulares saquen provecho de los bienes públicos y entonces la ciudad y el Club Popular La Florida deciden celebrar un contrato de arrendamiento por 10 años. De nuevo, nada malo ha pasado. Se cumple la ley, la administración recibirá un pago por el terreno, los pobres siguen jugando golf y los administradores del campo sacan provecho de éste y las mejoras que le han hecho, como debe ser, según el acuerdo. El precio, $30 millones que serán pagados en especie, con las mejoras que le harán los administradores.

Pero las cosas se complican al cumplirse los diez años. Al vencimiento del contrato, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) anuncia que reclamará el predio de acuerdo con lo pactado, pero de manera irregular, por decirlo menos, sin saber esperando qué, decide prorrogar por tres meses dicho acuerdo, y luego por un mes y siete días. ¿Qué significaba ese tiempo tan exacto?  ¿Qué debía pasar en esos 37 días calendario?. Eso hace parte del largo proceso que desde entonces ha pasado por juzgados de Facatativá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y más recientemente el Consejo de Estado.

En ese lapso lo que pasa es que el Club decide exigirle una indemnización a la administración distrital por las mejoras. No hay nueva prórroga del contrato, pero el terreno sigue en manos del Club. A comienzos del 2005 el IDRD niega la petición. Comienza una pelea juridica en la que el Club reclama algo más de $16 mil millones por las mejoras y el Distrito se niega a pagar. Del Juzgado pasa al Tribunal y de éste al Consejo de Estado. Éste último acaba de fallar el pasado 15 de julio:  “Niéganse las pretensiones de la demanda”, es decir no hay lugar a pago de indemnización, una decisión ya prácticamente de última instancia. Y digo prácticamente, porque en este país de leyes siempre algo queda por hacer. 

Resuelto ya, o no, el lío jurídico quedan preguntas por resolver, mientras el campo sigue funcionando normalmente ¿cuándo fallará el juez Tercero Administrativo de Facatativá que lleva el proceso de restitución iniciado por el IDRD en 2016? ¿Esta era la señal que estaba esperando para fallar? 

Y si falla en favor del IDRD ¿qué va a pasar con los 80 socios que tiene el Club y que pagaron una membresía de entre $3 millones y $4 millones para la utilización del campo? Sí una membresía para un campo público y una membresía de $3 millones en un campo pensado para los pobres. ¿Era legal cobrar una membresía?,¿Sabían los socios al momento de ingresar al club que el campo no era de ellos?, ¿Fue una apuesta apuntando a ganarle a la ciudad? Muy atractivo pagar $4 millones y obtener $200 millones mal contados ( resultantes de dividir los $16.000 millones de la demanda entre los 80 socios), una rentabilidad de pirámide. Pero bueno, las apuestas son problema de quién las hace.

La otra gran pregunta que surge es ¿qué va a pasar con el campo? Después de trece años de pelea jurídica ¿está el IDRD preparado para recibir un campo de golf, que, valga reconocerlo, se ha mantenido durante todos estos años en muy buenas condiciones? ¿Ya hay alguien dispuesto a tomarlo en arriendo? Hay que evitar a toda costa que se interrumpa el mantenimiento del mismo, porque las canchas de golf son exigentes y un mes sin cortar el pasto, sin hacerle trabajo a los green puede ser fatal y la administración pública ha demostrado que no es muy eficiente en el manejo de este tipo de bienes. ¿Será que el buen campo que hoy existe se convertirá en una extensión del parque La Florida y desaparece el golf? Hay que recordar que el Alcalde Peñalosa en su infructuosa pelea por expropiar los terrenos del Country Club planeaba a acabar los campos para construir un gran parque allí y extender la carrera 15.

En manos del Distrito o arrendado a un tercero es primordial preservar la actividad de este terreno: el golf. La Florida es un buen campo, de difícil acceso y con algunos peros en temas de manejo administrativo, pero tal vez el mejor campo público de Bogotá.