Mano dura para las finanzas del fútbol inglés

El gobierno británico creará un regulador independiente del fútbol inglés, ha anunciado este lunes, para garantizar la sostenibilidad de su financiación, a pesar de las objeciones de la Premier League, que gestiona la muy mediática primera división de Inglaterra. 

Los ministros respaldaron formalmente diez recomendaciones formuladas en un informe publicado en noviembre a petición del ejecutivo.  Entre ellas, una mayor consulta a los aficionados y una distribución más justa de los ingresos de la Premier League, el campeonato más rico del mundo. 

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La exministra británica de Deportes Tracey Crouch supervisó el informe, que llega un año después del escándalo provocado por la propuesta de Superliga europea lanzada por los mayores clubes de Inglaterra, España y Italia.

Los ministros quieren un regulador independiente que controle las finanzas de los clubes y que posiblemente tenga el poder de concederles licencias y sancionarlos. 

Los expertos de la auditora Deloitte descubrieron que en la temporada 2018-19, antes de la pandemia de covid-19, los clubes de la segunda división inglesa (bautizada Championship) gastaron 107% de sus ingresos en salarios, muy por encima del 70% marcado en los nuevos objetivos fijados por la UEFA. 

El gobierno británico también quiere que el regulador introduzca nuevas formas de evaluar a los propietarios de los clubes, incluida una "prueba de integridad". Todo esto ocurre en el contexto de la venta en curso del Chelsea FC por parte de su propietario ruso Roman Abramovich, el oligarca objeto de sanciones tras la invasión de Ucrania. 

La oenegé Amnistía Internacional planteó recientemente dudas sobre el propietario del Chelsea y los recientes compradores del Newcastle, un consorcio saudí. Pero no está claro si el tema de los derechos humanos formaría parte de dicha "prueba de integridad". 

Por su parte, la Premier League, que mueve cientos de millones de libras, ha reconocido que es necesaria una reforma, pero considera que no un regulador creado por el gobierno con poderes estatutarios.

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