Archivan caso contra Juan Pablo 'indio' Ramírez por supuesto racismo en Brasil

Un juez del estado de Rio de Janeiro archivó este viernes la causa policial que señalaba al mediocampista colombiano Juan Pablo Ramírez, del Bahia, de haber proferido un insulto racista contra el volante Gerson, del Flamengo, por considerar que no se probó la acusación.

El magistrado decidió archivar el caso contra el jugador de 23 años, quien fue indiciado por la policía en febrero por supuestamente haber lanzado una "agresión injuriosa por prejuicio" racial contra Gerson durante un juego del Brasileirao en diciembre pasado.

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La policía pidió entonces a la fiscalía que presentara una denuncia formal contra el deportista, pero el ministerio público solicitó cerrar la causa tras no hallar pruebas de la "ocurrencia de la agresión verbal". El pedido fue respaldado por el juez.

"En el caso que nos ocupa, la afirmación del jugador Gerson es completamente disociada del conjunto probatorio", reza el laudo, citado en una publicación del portal Globo Esporte.

El centrocampista del 'Fla' asegura que Ramírez le dijo "cállate la boca, negro" durante el choque en el Maracaná, que terminó 4-3 a favor del Flamengo. El cafetero siempre negó la acusación.

Apenas escuchó la supuesta injuria, Gerson reclamó airadamente al colombiano y al entonces técnico de Bahia, el exseleccionador brasileño Mano Menezes. Luego hizo la denuncia ante los medios y después ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva y la policía. 

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Con el fallo conocido este viernes, ambas descargas -abiertas de forma separada- ya están cerradas por falta de pruebas.

"Con la situación resuelta tanto en la esfera deportiva como criminal (...) Juan Pablo dará continuidad a su recuperación de cirugía en la rodilla aún más tranquilo y determinado a regresar cuanto antes a defender al Escuadrón", indicó en un comunicado Bahia, que disputará la Copa Sudamericana.

Las acusaciones de Gerson dieron pie a una ola de declaraciones de repudio contra la ofensa racial, que en Brasil, donde casi el 55% de la población se declara negra o mulata, es pasible de uno a tres años de prisión o de multas.